Las mujeres alrededor del mundo, han librado una dura lucha para asegurar que su voz sea escuchada y sus intereses sean representados en la esfera pública, traduciéndose inmediatamente en innumerables esfuerzos por lograr una participación política equitativa y efectiva. América Latina, no ha sido ajena a esta realidad, siendo una región emergente en la que las mujeres han tomado roles protagónicos como figuras públicas y convirtiéndose rápidamente en un referente mundial en cuanto a la participación política de las mujeres. Sin embargo, en países como Ecuador, y los demás en América Latina, falta un largo camino por recorrer para llegar a la ansiada participación equitativa e igualitaria, tanto en aspectos de la vida cotidiana, como en aspectos públicos, de los cuales la política es un eje fundamental. La región latinoamericana se encuentra en un constante desarrollo, basado en la adopción de modelos propios, basado en las vivencias y experiencias históricas de cada país, lo que ha llevado a la redefinición de las estructuras sociales; no obstante, la desigualdad en diversos ámbitos, lamentablemente, persiste. La realidad de las mujeres ante estas dinámicas locales se ha visto afectada, llegando incluso a verse reflejada en una situación de injusticia social. Por un lado está la injusticia socioeconómica, que incluye la privación de bienes materiales para una vida digna, y la segunda es la injusticia cultural o simbólica, que incluye la dominación cultural, el no reconocimiento y el irrespeto a las mujeres latinoamericanas (Fraser 1997).
Es por esto, que en América Latina, los diversos colectivos de mujeres se han enfocado en exigir igualdad en las condiciones de vida, tanto públicas como privadas, para todas las personas, sólo por el hecho de serlo. Es por esto, y de acuerdo con afirmado por Elizabeth Stanton en el siglo XIX, «existen ciertos derechos naturales tan inalienables para la civilización como el derecho al aire… Los derechos naturales de un hombre y una mujer civilizados con el [derecho] al gobierno, a la propiedad, al desarrollo armonioso de todos sus poderes y a la gratificación de sus deseos… Los sexos son iguales y por lo tanto merecen derechos iguales» (Stanton 1898). Las mujeres latinoamericanas hemos fundando nuestra lucha social en la reivindicación de la igualdad de derechos, pero también en la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, y desde todos los países de la región, se ha impulsado el discurso de la igualdad en todas las esferas sociales y de intervención de las y los ciudadanos. La igualdad se verá reflejada en el mismo acceso a las mismas oportunidades para todas y todos los ciudadanos, sin razón de género, etnia, religión, entre otros aspectos socioculturales que nos distinguen a unos de otros. Pero esta igualdad se ve debatida, el momento en que debiera tener en cuenta que debe existir una igualdad de partida, es decir, que las condiciones iniciales específicas de cada quien son diferentes (León y Holguín 2005).
La inclusión es sin duda un término amplio que se aplica a todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas, sin embargo, la inclusión en los procesos de participación política se ha vuelto un eje fundamental de la lucha por el ejercicio pleno y democrático de los derechos de las mujeres, así como de los demás grupos que hoy en día son llamados como grupos de atención prioritaria. Exigir oportunidades para participar, opinar y decidir en igualdad de condiciones sobre el futuro político de cada uno de nuestros países se ha vuelto un imperativo en el discurso de los colectivos de mujeres, presentando alternativas y opciones para lograr este cometido. En la actualidad, la visibilización de otras y otros actores sociales que exigen equidad de derechos y de participación, ha reforzado las reivindicaciones que los colectivos de mujeres han impulsado desde finales del siglo XX en América Latina. Ante esto, los países han reaccionado de diferentes formas, siendo un claro ejemplo, la implementación de leyes y sistemas de cuotas para la representación, tanto de mujeres como de distintas minorías. Sin embargo, indicar qué país es más o menos inclusivo es complejo, pero ciertamente podemos analizar qué grupos tienen el derecho a participar en política. Pero con respecto a la situación política de las mujeres y su participación, lo que podemos evidenciar, es que el grado de inclusividad de un régimen aumenta cuando ellas obtienen el derecho a sufragar y a ser elegidas, y hacen uso de él, no sólo eligiendo sino también haciéndose elegir. Es decir cuando sufragan y logran ingresar a las élites políticas, y hacen presencia en cargos públicos tanto de designación como de elección. (Wills 2004).
La inclusión política en los países latinoamericanos se ve entonces reflejada en distintos ámbitos de la vida política de cada uno de los países, mediante los siguientes factores: el número de electoras que tienen la posibilidad de sufragar; el número de mujeres que en efecto ejercieron su derecho al sufragio; el número de mujeres que se presentaron como candidatas; el número de mujeres que resultaron electas como autoridades; y, el número de mujeres que son designadas para cargos públicos de alto rango, como ministras, secretarias de estado, juezas, intendentas, entre otras designaciones. Pero desde Ecuador, hemos incluido una variable importante entre estos factores que nos ayudarán a determinar cuán inclusivo es un determinado país o en la práctica, su gobierno; esto es el número de mujeres que efectivamente participan en los espacios de toma de decisiones dentro de una organización política. Sumando todos y cada uno de estos aspectos, podemos apreciar una radiografía bastante acertada de la participación política real de las mujeres en cada uno de los países de América Latina, y del mundo también.
Artículos de la ponencia: